En la era digital, los sitios web del sector público cumplen una función innegable: ofrecer información clara, accesible y relacionada directamente con las competencias de cada entidad. Sin embargo, cada vez es más frecuente que los portales oficiales intenten imitar servicios que ya prestan de manera más eficiente las empresas privadas, las fundaciones o las organizaciones cívicas. Este solapamiento no solo confunde a los ciudadanos, sino que también interfiere con las dinámicas de intercambio voluntario entre individuos y puede desincentivar la iniciativa privada.
Ejemplos de Invasión Digital innecesaria
Algunos ejemplos comunes de servicios que los portales gubernamentales no deberían replicar:
- Directorios comerciales de proveedores locales, cuando ya existen cámaras empresariales y plataformas privadas especializadas en conectar negocios.
- Plataformas de cursos y capacitaciones genéricas, que terminan compitiendo con universidades, fundaciones y academias que sí innovan en contenidos.
- Portales de noticias o revistas digitales, que distraen de la función principal de la entidad y compiten injustamente con medios de comunicación independientes.
- Aplicaciones de salud preventiva o deporte, cuando múltiples startups y ONG ya han creado soluciones más atractivas, dinámicas y sostenibles.
En todos estos casos, los portales públicos no aportan eficiencia: más bien reproducen algo que ya existe, con menos innovación y a mayor costo.
Una analogía digital para entenderlo
Imaginemos que en una ciudad todos los restaurantes privados ofrecen menús variados y a buen precio. De repente, el gobierno decide abrir su propio restaurante estatal gratuito para competir con ellos. El resultado es predecible: se distorsiona el mercado, se gastan recursos que no provienen de una elección voluntaria y, en lugar de elevar la calidad, se termina desplazando a quienes sí tenían incentivos reales para servir mejor al cliente.
En el mundo digital ocurre lo mismo: cada vez que un portal público ofrece lo que ya hacen otros actores de manera más eficiente, no está agregando valor. Está absorbiendo espacio, desincentivando la iniciativa privada y transmitiendo la idea de que los recursos se destinan a actividades que no corresponden al mandato gubernamental.
Mi consejo desde la consultoría
El papel de los portales oficiales debería limitarse a lo que verdaderamente compete al ámbito público: información normativa, procesos de registro legal, trámites obligatorios y comunicación institucional. Nada más.
Cada vez que el sector público cruza la frontera hacia lo que ya gestionan mejor empresas privadas o la sociedad civil, erosiona la confianza ciudadana y transmite el mensaje de que los recursos se emplean en competir donde no hay competencia legítima.
